Santo Domingo.- La Constitución que se conoce en la Asamblea Nacional significará notables avances para la población dominicana al incorporar figuras y derechos que la coloca como una de las más moderna de Iberoamérica.

En el proyecto que se conoce en segunda lectura no sólo se reconocen los derechos civiles y políticos, sino que además se consagran los derechos sociales y económicos.

En una revisión completa de lo que ha sido aprobado en segunda lectura se puede observar que una vez se promulgue esta nueva normativa, la República Dominicana será un Estado Social Democrático de Derecho.

Los mayores logros de la Carta Magna, programada para ser proclamada el 6 de noviembre próximo, son:

- Se apuntaló el poder del Congreso como ente fiscalizador del Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado.

-Se le redujo facultades al Poder Ejecutivo y se le otorgaron al Congreso Nacional.

-Se llevó a la Constitución la destitución de los legisladores que no asisten a un determinado número de sesiones, o por faltas graves, que hasta ahora no existía.

Se aprobó el discutido artículo que dispone que las playas y ríos son de dominio público y de libre acceso para todos. En ese artículo se incluyó el derecho a la propiedad privada, porque éste, junto a los derechos a la vida y a la libertad tienen rangos constitucionales. Se dejó que una ley adjetiva reglamente el uso de las playas y a los dueños de los establecimientos turísticos.

-En relación al artículo 67, o 37, sobre los derechos colectivos y difusos y del medioambiente se reubicaron en tres los trece numerales con que el texto fue aprobado en primera lectura.

- Se prohibió que ninguna institución pública, que maneje fondos autónomos, como Congreso Nacional, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, ayuntamientos, superintendencias, se produzcan aumentos de sueldos y si lo hacen serán en provecho de sus sucesores.

- La unificación de las elecciones presidenciales y legislativas, separando los comicios municipales para que se realicen en febrero.

- La figura del defensor del pueblo, el recurso de amparo, la iniciativa legislativa popular, el referéndum, los plebiscitos, fueron incorporados en esta legislatura.

-Se llevó a la Constitución derechos a la salud, educación de manera universal, no solo a los dominicanos sino a cualquier ciudadano que se encuentre en territorio nacional, con los que se incluye a los hijos de ilegales haitianos y de otros extranjeros.

-Castigo al nepotismo, al sancionar las ventajas en cargos públicos a familiares, allegados, relacionados o socios.

Se estableció que para al presidente de la República trasladar tropas al extranjero deba tener algún tipo de autorización. Se le dio rango constitucional al estatuto de la función pública, para que responda a criterios de idoneidad, profesionalidad y competencia.

Se le entregó a la ciudanía, a través de los derechos difusos, a entablar una acción directa y popular de inconstitucionalidad de las leyes.

También se puede hacer por otra vía, a través del presidente de la República, como es ahora, o con un tercio de cualquiera de las dos cámaras, no solo los presidentes del Senado o la Cámara de Diputados. El argumento que se buscó era evitar un caos en los tribunales si se dejaba que cada persona pudiera hacerlo directamente.

El Tribunal Constitucional, que se conocerá a partir de este jueves como una jurisdicción autónoma y especializa, será una de las grandes conquistas de esta reforma.

Otra de las novedades es el artículo que originalmente fue el 23 y posteriormente número 27, en el que se reconoce el derecho de los consumidores o usuarios a que si reciben bienes y servicios de mala calidad puedan demandar su reparación a través de una indemnización.

Con la incorporación del referéndum aprobatorio, las futuras reformas constitucionales puedan ser controladas por los ciudadanos.

La Asamblea instalada desde abril pasado, aprobó que las ternas para la selección de los jueces de las Cámaras de Cuentas, las seleccione la Cámara de Diputados y someta la terna al Senado, que las aprobará con el voto favorable de las tres cuarta parte.

Se fijó que en la soberanía radica la participación del pueblo y se puede hacer de manera directa. También que los matrimonios religiosos tengan efectos civiles. O sea, que todas las iglesias no católicas podrán oficiar matrimonios, aunque una ley adjetiva establecerá las reglamentaciones.