Columnistas Invitados 1 Febrero 2007
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La Constitución y los tratados internacionales
Arsenio Hernández Fortuna

Se ha discutido mucho sobre qué debe primar: si la Constitución o los tratados internacionales, para unos debe ser la primera y para otros, éstos últimos. Veamos qué dice la Carta Magna, el documento básico que nos rige, independientemente de las diferencias que podamos tener con muchas de sus partes:

¨Art. 3.- La soberanía de la Nación dominicana, como Estado Libre e independiente, es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución...

¨La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional en general y Americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado…¨ (Constitución de la República). Lo planteado en este artículo 3 es bastante claro, no necesita interpretación. Podemos seguir. Entre las atribuciones del Congreso Nacional, sección V, art. 37, inciso 14, se establece: ¨Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo¨ (ob. cit.).

Incluso para los que no somos abogados, queda claro en la Constitución que todo lo que aprueba el Congreso, aparte de la Constitución misma, pasa a ser ley adjetiva o resolución, por debajo de la Ley Sustantiva o Carta Magna. Y en el artículo 46 se establece muy claramente: ¨Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución¨. Si nos acogemos a lo que establece la Carta Magna, cualquier tratado internacional tendría, a lo sumo, rango de ley adjetiva, subordinada, por tanto, a la Ley Sustantiva.

Otros textos
En otros textos se otorga rango constitucional a determinados tratados internacionales, quedando expresamente establecido así. Por ejemplo, en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se puede leer:

¨Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa de los tribunales y demás órganos del Poder Público¨ (citado en: El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. Pag. 32. UNESCO).    

También el artículo 93 de la Constitución de Colombia establece:   ¨Los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán en conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia¨(ob. cit. pag. 33). Pero ese no es el caso de la República Dominicana, ni en lo referente al respeto de los derechos humanos.

Carta de la ONU
La importancia del texto constitucional de cada país está reconocida en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo artículo 110 dice:   “1. La presente Carta será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales” (Internet).  Además, entre los propósitos de la ONU está: “2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal¨… Y en el artículo II se agrega: “Para la realización de los propósitos consignados en el artículo I, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: ´1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”.

Este texto fundamental de la ONU e incluso la Constitución dominicana lo que hacen es ratificar hacia donde se ha inclinado la humanidad en una discusión que ya lleva siglos. Desde la época del gran teórico español Francisco de Vitoria (S. XVI), padre del Derecho internacional, uno de los principales temas de discusión ha sido precisamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de las naciones, constituidas en Estado.

La coyuntura
Se debe tener en cuenta, además, la coyuntura histórica en que fueron firmados ciertos tratados, bilaterales o multilaterales. El tratado de extradición con Estados Unidos, por ejemplo, fue firmado en 1910, es decir, entre la Convención Domínico-Americana de 1907, que muchos consideran una imposición, y la agresión e intervención militar estadounidense de 1916 a 1924.

En esas circunstancias es difícil que un convenio internacional pueda ser el resultado de la libre voluntad entre las partes firmantes. E incluso en circunstancias menos trágicas o dramáticas, como los tratados comerciales entre potencias (EU y Europa) con economías débiles (RD y otras naciones), resulta casi imposible que un pacto de ese tipo pueda ser discutido en igualdad de condiciones, por la sencilla razón de que no existen.

Es significativo lo que se dice en el Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2006, de la UNCTAD: ¨Como resultado de la integración en los mercados de productos y los mercados financieros globales, las influencias exteriores sobre los objetivos de política (nacional) de los países se han hecho más fuertes…La disminución de la autonomía en la adopción de políticas se relaciona a menudo con los compromisos asumidos por los países en acuerdos multilaterales, especialmente en el ámbito del comercio. Pero los acuerdos comerciales bilaterales o regionales a menudo entrañan limitaciones aún más estrictas y también hay muchos otros canales fuera del sector comercial a través de los cuales la autonomía de las políticas puede verse reducida, con consecuencias que pueden ser todavía más graves¨.

Las repetidas imposiciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos a RD para firmar el TLC, resumidas en los medios de comunicación, confirman lo anteriormente dicho. En consecuencia, mal podría un país como RD y otros parecidos firmar tratados internacionales que estén por encima o a la par de su Constitución, salvo en el caso del respeto a los derechos humanos, porque eso significaría dejarse maniatar legalmente, más de lo que están de hecho, durante mucho tiempo, por cualquier potencia, en especial la potencia hegemónica de turno, o sea, Estados Unidos. 

Especificando, se puede contestar afirmativamente la pregunta número 5 del documento sobre el debate constitucional, para resaltar, una vez más, la necesidad del respeto a los derechos humanos. Y, especialmente por las debilidades vistas en la discusión del llamado RD-CAFTA, sería prudente, de acuerdo con la pregunta 6, establecer en la Constitución que los “tratados de integración sean ratificados por una votación legislativa mayor que la actual (mayoría calificada) y que su aprobación se someta a la ciudadanía mediante un referendo”.   

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