SANTO DOMINGO.- El sector transporte tiene la más elevada demanda de control y ordenamiento del país. Ciento cincuenta ayuntamientos y siete organismos oficiales se disputan y “chocan” en la rectoría de una actividad que refleja niveles caóticos. La multiplicidad de rectores ha dado lugar a una atomización inducida por una lucha entre órganos del Estado con cuyas intervenciones aplican distintos conceptos de organización y principios de autoridad.

Los más de 150 ayuntamientos del país mandan en el transporte, pero también lo hacen la Secretaría de Obras Públicas, a través de la Dirección de Tránsito Terrestre, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Autoridad Metropolitana de Transporte, para Santo Domingo y provincias del país, la Autoridad Metropolitana de Santiago, Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Oficina para el Reordenamiento del Transporte y el Consejo Dominicano del Transporte para el Plan Renove.

Anastasio González, presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), considera que es imposible plantearse un reordenamiento del transporte con un marco legal tan disperso. Señala que en el sector inciden además- aunque en forma menos directa- otros organismos como las secretarías de Industria y Comercio, de Hacienda (antigua Finanzas) de Planificación y Economía, )antiguo secretariado Técnico de la Presidencia).

Cruce
El marco legal actual indica que hay dos niveles principales del poder público, el nacional y el municipal, los cuales tienen competencia en materia vial, transporte urbano y circulación, haciendo de ellas una de las actividades de carácter concurrente.

Un estudio de política señala que es la propia ley de tránsito, la 241 de diciembre del 1967, y los decretos ejecutivos, los que definen responsabilidades del poder nacional, y distribuyen facultades y atribuciones a los niveles de gobierno, mientras que la ley 3455 de Organización Municipal, del 21 de diciembre de 1952 establece “que es competencia propia del municipio, el servicio de transporte público urbano de pasajeros”. Los ayuntamientos tienen autoridad para reglamentar el estacionamiento de vehículos dentro de los límites de las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades, villas y poblados, son que sus disposiciones colindan con la ley”. Este “poder” sin embargo, ha sido cercenado por leyes que restringen la capacidad de establecer arbitrios y tasas por servicios.

“En términos generales, el marco institucional y normativo en lo referente al transporte urbano manifiesta deficiencias que limitan la eficacia del poder público, tanto el ámbito nacional como a nivel municipal. Ello ha contribuido de manera decisiva al deterioro del sector en el país, especialmente en materia de prestación de servicio de transporte público”, señala el estudio “ Política Nacional de Transporte Terrestre”. El solapamiento de la autoridad en el tránsito afecta no solo a los operadores, sino a los usuarios que padecen la ausencia de una política rectora coherente.

Son varios los programas de reordenamiento, reorganización y relanzamiento del sector que se han puesto en práctica por los gobiernos y los ayuntamientos, sugeridos por técnicos y asociaciones del sector, y ninguno ha dado a la población la respuesta adecuada, ni duradera en el tiempo, porque las iniciativas han tenido la carga politiquera, el populismo y el coyunturalismo de turno.

Mas que organización, lo que subyace detrás de cada plan de reordenamiento es el afán para comprar nuevas unidades, actividad en la cual el país ha caído en circulo vicioso y ha gastado muchos millones de pesos.

Uno de los últimos esfuerzos, luego del fracaso del Plan Renove, que dejó como resultado un reclamo en los tribunales de 1,800 millones por parte del Estado a los protagonistas de este “reparto”, las autoridades tienen en sus manos una nueva propuesta de reorganización. Se trata de la “Política Nacional de Transporte Terrestre” que ha asumido la Opret, dirigida por el secretario de Estado, Diandino Peña. Esta propuesta ha sido multiplicada y distribuida entre los actores privados, quienes a su vez han elevado sus opiniones alrededor de la propuesta central.

Al parecer, lo sugerido en el documento, resultado de una investigación de un equipo encabezado por el técnico español Juan Gabriel Cajiao, asesor de la Opret, y las puntualizaciones de los protagonistas del transporte, el sector privado, que se planea fortalecer en lo institucional, operativo y financiero, será lo que el gobierno ejecutará como política del relanzamiento del sector.

En el aspecto institucional es el propio gobierno quien se plantea recuperar el rol planificador, promotor, administrador y regulador del Estado en el sector, y fortalecer las capacidades de los operadores actuales para su participación en el nuevo sistema.

CORREDORES
La red troncal de transporte
Para agilizar el tránsito de los autobuses y minibuses y otros vehículos, usuarios del espacio vial, las autoridades planean establecer “corredores prioritarios” a partir de la Red Troncal de Transporte Masivo que componen las principales rutas. Para una primera etapa se proyecta en la capital conformar la Red Troncal de Transporte Masivo con los corredores entre la Autopista Duarte, avenidas Kennedy y Padre Castellanos, San Vicente de Paúl, y la carretera Mella hasta llegar a la avenida Las América. El otro, entre las avenidas 27 de Febrero desde el kilómetro 13.5 de la Autopista Duarte, cruzando por el río Ozama, hasta las avenidas Las Américass y Charles De Gaulle. El siguiente corredor, entre las avenidas Lincoln, Tiradentes, Winston Churchill y Núñez de Cáceres.