SANTO DOMINGO.- La competitividad hasta ahora propiciada por el gobierno le es aplicable la sanción evangélica de “colar el mosquito y tragar el camello”. Mientras el gobierno se concentra en la creación de organismos especiales para auspiciar la competitividad a través de organizar seminarios, no actúa frente a los altos impuestos, el alto costo de la energía y la baja calidad de la educación, necesarios para mejorar y ser competitivos.

Las reformas que se requieren para lograr la competitividad
Como Jeremías, “hemos oído voces de terror y espanto y no de paz”. La opinión pública ha sido advertida por voces empresariales, religiosas, profesionales, populares y opositores; acerca de la necesidad de introducir ajustes económicos como vía para garantizar la paz que merece la nación ante la alta exposición del país frente a las adversidades provenientes del exterior y el manejo de las finanzas internas.

Estos ajustes, eufemísticamente llamados “reformas”, no pueden seguir el camino del pasado, altamente condicionadas a imposiciones externas como aquellas que se implementaron en los dos últimos períodos de gobierno en el nombre de la vigencia del DR-Cafta o de los acuerdos con el FMI, por dos razones básicas:

La primera, el estremecimiento interno que están sufriendo las instancias internacionales que determinaban ese comportamiento por haber quebrado la confianza de los agentes y consumidores en las instituciones financieras y bursátiles, impulsando el atesoramiento de bienes y la economía real: guiebra de instituciones financieras, agencias calificadores, grandes empresas, cuestionamientos internos en organismos internacionales como el propio FMI o el Banco Mundial, ineficiencia en las medidas tomadas por los gobiernos.

Y la segunda, por los efectos adversos ocasionados en la economía nacional por los ajustes exógenamente diseñados a favor de intereses foráneos y edificar un modelo que sortea coyunturalmente la situación interna pero que ahonda las deficiencias estructurales al estimular la dependencia a las importaciones para la satisfacción de las necesidades nacionales en perjuicio de la producción local, acelerado mediante  acuerdos comerciales sin preocuparse proporcionalmente por la adaptación del aparato  productivo nacional.

A esto se agregan las consecuencias de las políticas públicas endógenamente diseñadas en función de los intereses político-partidarios locales reflejados en el elevado gasto público desproporcionadamente distribuido entre los sectores y territorios que conforman la vida nacional y oscuramente asignado y administrado, una burocracia excesiva bendecida por una complejidad institucional graficada en un Estado orgánicamente hipertrofiado, subsidios que benefician a grupos a través de aumentos de márgenes de ganancia a costa del dinero de los contribuyentes en el nombre de los mas necesitados, mientras otros distorsionan la estructura de precios o acentúan la cultura de dependencia parasitaria de la población a un Estado benefactor con lo convierte en un recurso de clientelismo partidista, y elevados impuestos y endeudamientos que castigan excesivamente las generaciones presentes y futuras de dominicanos. 

El nuevo período de gobierno que está por iniciarse brinda una excelente oportunidad para liberar la economía de estas y otras lacras que la distorsionan y que le impiden insertarse efectivamente en el mundo globalizado de hoy, que requiere, en materia económica, de un propósito muy a flor de labios en los discursos gubernamentales: la competitividad.

Pero a la competitividad hasta ahora propiciada por el gobierno le es aplicable la sanción evangélica de “colar el mosquito y tragar el camello”. Mientras el gobierno se concentra en la creación de organismos especiales para auspiciar la competitividad a través de organizar seminarios, firma de acuerdos con otros organismos de la administración para desarrollar acciones que ya estaban consignadas en sus documentos constitutivos, participar en encuentros internacionales, no actúa frente a los altos impuestos, el alto costo de la energía, la baja calidad de la educación y la infraestructura vial, el gasto gubernamental y la debilidad de los mecanismos de control financiero que nos llevaron a obtener malas notas en las calificaciones del foro internacional que acredita las economías sobre estos temas como el Foro Económico Mundial.

Las áreas liberadoras
La austeridad del gasto público debe constituir el punto de partida para la liberación de la economía dominicana. Conlleva reducir gastos por personal supernumerario muchas veces constituido por pluriempleo o por el nepotismo o despotismo partidario. Los elevados sueldos de los servidores públicos impuestos o auto-impuestos en el nombre del blindaje para la corrupción o por referencia al sector privado donde se prescinde inmediatamente de los servicios que incumplen sus obligaciones, han demostrado resultar finalmente vanos ante la falta de resultados a la vista y han fomentado mas bien una burocracia golosa, deben ser revisados para emitir una señal apropiada al resto de la administración pública y a la sociedad y tomar como referencia el sueldo del Presidente de la República o un número de veces el salario mínimo establecido por ley con su respectiva indexación.

No es posible que el gasto anual en personal de un organismo público como el Banco Central, tenido como paradigmático, equivalga a 29,000 empleados devengando salario mínimo: tan solo por tomar como referencia la aspiración de compararse con los emolumentos de la banca privada que funciona bajo otras normas de dedicación, disciplina, efectividad y supervisión.

La congelación del número empleados se impone acompañada de una depuración de su necesidad con miras a reducirlos sobre todo cuando empleados y/o familiares ocupen más de una posición. La reducción salarial acompañada de reducciones de horarios por tanda o trabajo inter-diario puede ser una alternativa, sobre todo si asocia al reentrenamiento del personal.

La hipertrofia burocrática ha ocasionado la proliferación de locales de organismos públicos dispersados y alejados de su matriz principal incrementando los gastos de alquiler, servicios, transporte y comunicaciones y reduciendo su efectividad y coordinación, situación que debe eliminarse.

Las asignaciones a entidades privadas se supeditaría al cumplimiento de requisitos legales vigentes o por establecer, a la disponibilidad de estados financieros auditados  por un CPA y a que las aportaciones del Estado sea inferior al 50% del presupuesto anual de las entidades asistidas.

Los subsidios deberían canalizarse a través de los organismos creados para ellos y no crearse nuevos programas que aumenten el gasto y dirigirse preferentemente hacia la producción y no al consumo. En lugar de seguir fomentando el aumento del número de subsidios y de subsidiados, debería procurarse disminuir la necesidad de dominicanos que requieren subsidios mediante políticas generadoras de empleo, no en la burocracia del Estado ni en los que eufemísticamente se han adoptado como las nominillas, sino proporcionados por la economía previamente incentivada, entre otros instrumentos, por inversiones públicas generadoras de empleo en apoyo a la producción o prestadora de un servicio social, utilizando para ello tecnologías de uso intensivo de mano obra, no de capital.   

La institucionalización generalizada del gobierno electrónico para intercomunicar los diversos organismos y éstos con el público, debe  sancionarse con validez legal. Todo ello requiere de una auténtica y efectiva

Reforma del Estado: Todos los organismos públicos creados por decretos de los diferentes gobiernos deberán entrar en receso hasta tanto se valide legalmente su vigencia en función de su necesidad, incluyendo las comisiones presidenciales y las superintendencias. Esto, además de reducir costos, evitaría duplicaciones institucionales que no solo encarecen sino que entorpece la prestación de servicios, pudiendo ponerse como ejemplo los diversos organismos creados para ocuparse del desarrollo de la comunidad, el transporte y la forestación.

El Estado debe simplificarse, despojando la Presidencia de la República de organismos directos bajo su dependencia de manera quede libre para actuar frente a sus secretarios de Estado, coordinarse con los demás poderes del Estado, interactuar con la sociedad, incluyendo los partidos opositores. Los organismos dispersos, así como los autónomos creados por ley se adscribirían a las secretarías de Estado y se coordinarían a través de los gabinetes ratificados por el presente gobierno y/o de la reunión semanal del Consejo de Gobierno para evitar discrepancias de funcionarios que dispersan esfuerzos, aumentan costos y reduce la efectividad en el servicio público.

El Consejo Económico y Social debería convertirse en un canal ordinario y sistemático, mensualmente por lo menos, para que el Presidente escuche las voces de las fuerzas activas de la nación, para lo cual se impone proporcionarle la apertura necesaria a fin que sus integrantes sean propuestos por las organizaciones que integran  dichas fuerzas y no designados por las autoridades.

Reducción y simplificación tributaria: Disponemos de una estructura tributaria compleja y elevada, tomando como referencia la vigente con nuestros principales socios, particularmente Estados Unidos y Centroamérica. El costo de los combustibles en esta última región promedia un dólar menos que el vigente en el país, obviamente por efecto de los impuestos ya que Centroamérica no produce, como nosotros, petróleo.

Debe reducirse el número de impuestos, como el bancario, que fomenta las transacciones en efectivo y la informalidad de la economía. Las tasas deben reducirse para hacer mas fluida la tributación y la supervisión tributaria, particularmente en torno al ITBIS a 16% que también fomenta la informalidad y las transacciones en efectivo, haciendo necesario complejos procedimientos burocráticos como el NCF para evitar la evasión, inhibiendo la capacidad de emprendimiento de personas y pequeños negocios. Hoy en día estos procedimientos, además de ser costosos, consumen tiempo y energía en perjuicio de la dedicación a la producción y venta. Por otro lado, tasas justas favorecen la espontaneidad tributaria que se evade cuando las tasas son excesivas, ejemplo de lo cual lo constituyó la reforma arancelaria de los 90. que a pesar de haber reducido los aranceles se incrementaron las recaudaciones aduanales y estimula el emprendimiento de negocios.

Las tasas deberían ser únicas y uniformes, de fácil cálculo y aplicación que facilite el trabajo de la administración tributaria sin tener que recurrir a los complicados papeleos a que hoy estamos expuestos. Una tasa del 10% al ITBIS facilita el cobro del tributo de los establecimientos comerciales a los contribuyentes y de la administración tributaria a los establecimientos, incluso por ser mas fácil de calcular y por estar arraigada en la tradición bíblica del diezmo.

La aplicación generalizada a todos los productos y establecimientos, de una tasa justa y razonable, pudiera compensar la eventual merma que ocasionaría la reducción de la tasa. El rechazo a la aplicación generalizada por la eventual incidencia en el costo de productos sensibles no deja de ser un mito, puesto que productos exentos consumen insumos gravados. Piénsese en el arroz, por ejemplo, que se procesa en factorías y envasa en fundas y sacos que pagan impuestos -o se transporta en vehículos cuyas piezas de reemplazo pagan el alto ITBIS del producto final exento y se vende en establecimientos que también lo pagan- cuyo costo final quedaría neutralizado por la diferencia del 6% varias veces cobrada en etapas previas del proceso de producción y venta.

El impuesto a los combustibles debería congelarse en los niveles actuales para evitar la magnificación de la tendencia alcista de los precios del petróleo. El anticipo del 1.5% constituye otro tributo eliminable. Todo ello proporcionaría mas fluidez al sistema tributario y menos estrangulamiento financiero a personas y empresas que hoy tienen que pagar impuestos aún sin cobrar lo vendido y sin saber si obtendrán finalmente beneficios.

Las tasas de interés: Las tasas desempeñan un papel fundamental para la orientación de los recursos nacionales, el costo del dinero y de la producción. En el país se observa, desde hace mas de un año, una tendencia alcista de dicha tasa impulsada y determinada por el rendimiento de las subastas convocadas por el Banco Central. De 8.5% que constituyó el rendimiento de las subastas en mayo del 2007 ha crecido hasta aproximarse al 13%.