El sector eléctrico genera alrededor de US$1,950 millones al año sólo por concepto de venta de electricidad.

En este monto no se incluyen a las empresas que forman sistemas aislados, como son los casos de la Compañía Luz y Fuerza, en Samaná; Consorcio Punta Cana-Macao (CEPM) y la que funciona en Bayahíbe- Juan Dolio.

Para este año el subsidio al sector eléctrico será de aproximadamente US$750 millones, lo que indica que las pérdidas reales, partiendo del total que mueve la industria eléctrica, están en 38.4%. El año pasado las cifras fueron similares.

Los organismos internacionales, entre los que están el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), han señalado al robo de la electricidad como una de las principales causas de la insostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras (Edes).

Los reportes de denuncias de fraudes que han hecho las Edes, según las estadísticas que publica la Superintendencia de Electricidad (SIE), muestran números distantes de la importancia que los organismos multilaterales le han dado al tema del hurto de la electricidad.

Desde del 20 de febrero de 2009, fecha en que se inició la aplicación de la ley 186- 07, que penaliza y castiga el robo de energía, hasta el 20 de agosto de este año, han sido tramitadas 1,992 denuncias por ante el organismo regulador, que a su vez ha investigado 1,715, equivalentes a un 86%.

Las actas levantadas a la fecha suman 1,128. Los datos oficiales dan cuenta de que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) es la que mayor número de denuncias ha hecho por fraude con 1,159, equivalentes al 58.1% del total.

Le sigue la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) con 801, igual a 40.2%, mientras que a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) sólo se le contabilizan 32, para un 1.6%. Ésta última es la que mayor cantidad de barrios de bajos ingresos y bajo la informalidad tiene, lo que contrasta con el número de denuncias o casos reportados de fraudes.

En el caso de Edenorte, que también lidera el renglón de pérdidas, se han investigado 998 casos de un total de 1,159 que han sido tramitados a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).

El hurto a la electricidad ha sido considerado por las autoridades como prioritario para lograr la sostenibilidad del sistema eléctrico.

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE), Celso Marranzini, se ha referido en más de una oportunidad a la decisión de perseguir el hurto a la electricidad. El funcionario dirigió el inicio de la persecución al fraude eléctrico en un acto efectuado en la sede de la SIE, en presencia del superintendente Francisco Méndez y del procurador Moisés Ferrer, entre otros funcionarios. El acto fue en noviembre del 2009, nueve meses después de que se iniciará la aplicación de la ley que penaliza el robo a la electricidad.

Según la SIE, la persecución del fraude al sistema eléctrico nacional continúa aplicándose dentro de los parámetros que establece la legislación 186-07, que introdujo modificaciones a la Ley General de Electricidad 125- 01 para castigar el robo de electricidad.

Apagones
Los cortes en el servicio electricidad no cesan. Los apagones afectan hasta los circuitos clasificados A o 24 horas. Según el reporte de media tarde, la oferta en línea estaba en 1,609 megavatios frente a una demanda de aproximadamente 1,986.

Algunas plantas reportaron que laboran en los niveles mínimos de combustibles y que en cualquier momento salen del sistema.

Entre las que operan en condiciones críticas están: Laesa, con 7.2 megavatios, Itabo, con 84, y Ege-Haina, que apenas aporta 183.7 megavatios, aunque su capacidad como parque supera los 600 megavatios.

El sistema es sustentado por AES que está en línea con 285 megavatios, San Felipe con 160, Palamara-La Vega con 180, Los Mina con 180, las hidroeléctricas son 197 y Seaboard con 104 megavatios.

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LUZ Y FUERZA
RESOLUCIÓN DE LA SIE:
La Superintendencia de Electricidad intimó formalmente a la empresa eléctrica Luz y Fuerza de la Terrenas, al cumplimiento de la orden de suspensión de trabajos de expansión dada por la SIE, en fecha 22 de abril de 2008, sobre la ampliación de redes eléctricas realizados de manera inconsulta por dicha empresa en la comunidades La Barbacoa y Camino Playa Estillero, del distrito municipal El Limón, en la provincia Samaná. La decisión fue adoptada por mediante acto de alguacil, notificado el 19 de agosto del presente año. Indica que la empresa tiene que desmantelar las redes eléctricas en un plazo máximo de noventa días a partir de la notificación de intimación.

El órgano reguladora refirió que la empresa Luz Y Fuerza interpuso un recurso de amparo el 26 de agosto del 2009 ante el tribunal Contencioso Administrativo en contra de la orden de suspensión, el cual fue rechazado por el tribunal el 12 de enero del 2010, mediante la sentencia 002- 2010, otorgando ganancia de causa a la SIE y manteniendo vigencia de la orden de suspensión. El organismo regulador manifestó que la instalaciones eléctricas que fueron levantadas se consideran como un desacato.