Aunque mucho se ha hablado en nuestro país de la necesidad de adecentar la Administración Pública y perseguir y castigar la corrupción administrativa, poco es lo que se ha hecho, pues normalmente los políticos son aves de un mismo plumaje que vuelan juntas y tienden a protegerse en una especie de impunidad recíproca, aunque aparenten tomar rutas separadas.

Es así como vemos que salvo muy escasas excepciones los políticos se protegen entre sí y no persiguen la corrupción, no obstante ser de pública notoriedad.

La tesis generalmente utilizada para encubrir la corrupción es que esta no existe o que se está investigando o que se están recopilando las pruebas y en ese tira y jala los años pasan y al final nada sucede.

Sin embargo, una forma eficiente de perseguir y castigar la corrupción administrativa y el lavado de activos es a través de los impuestos, es decir persiguiendo los incrementos patrimoniales no justificados.

Establece el artículo 268 del Código Tributario que se entiende por “renta”, a menos que fuera excluido por alguna disposición expresa, todo ingreso que constituya utilidad o beneficio que rinda un bien o actividad y todos los beneficios, utilidades que se perciban o devenguen y los incrementos de patrimonio realizados por el contribuyente, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación.

En base a esta disposición todo dinero mal habido implica un incremento de patrimonio no justificado del cual debe pagarse el Impuesto sobre la Renta.

Papel
Es por esta razón que entendemos que la Direción General de Impuestos Internos puede jugar un papel importante en la lucha contra la corrupción, persiguiendo el cobro de los impuestos del dinero obtenido indebidamente y persiguiendo que el evasor corrupto sea castigado por el delito penal de defraudación tributaria.

Aunque no es la única forma de perseguir y castigar la corrupción, cobrar los impuestos sobre este dinero significa un gran paso de avance para luchar contra ella y un retorno de parte de lo robado, de donde todos debemos apoyar cualquier iniciativa que surja en este sentido.

La DGII tiene múltiples vías para obtener información sobre los incrementos patrimoniales de las personas, tales como compra de inmuebles y vehículos, ambos registrables ante la DGII, y el intercambio de información bancaria a través de la Superintendencia de Bancos.