Un domingo en la tarde, Julián Navarro llegó a la casa de su exsuegra, en una visita que parecía casual. Accedió al patio de la vivienda, se acercó a la madre se sus tres hijos y sin mediar palabras le segó la vida de varios disparos a quemarropa y luego se suicidó.

Desde entonces, doña Antonia, madre de la mujer ultimada, es responsable de la crianza de sus nietos, de tres, seis y diez años.

El hecho impactó a esa familia de muchas formas que trascienden los efectos emocionales dejados por el acto violento que terminó en una escena fatal.

A los sesenta y siete años los ingresos de Antonia son muy precarios, ya no cuenta con la ayuda económica que le ofrecía su única hija y tiene a su cargo a tres niños en edad escolar y con necesidad de asistecia psicológica, que implican altos costos.

El año pasado, doscientas familias se enfrentaron a un cuadro similar producto del alto índice de violencia contra la mujer que prevalece en el país.

El alto costo de los servicios de asistencia social
La violencia de género es una de las mayores cargas que soportan los sistemas de asistencia social en la mayoría de los países, especialmente en Latinoamérica. Sin embargo, existen pocos estudios que permitan cuantificar el impacto económico que ejerce ese flagelo sobre el Estado y las víctimas.     

En República Dominicana las tres cuarta parte de las denuncias recibidas el año pasado por la Procuraduría Fiscal de la República fueron por motivos de violencia, y de esa proporción el 75% correspondió a mujeres que habían recibido algún tipo de agresión, según informó la directora del Programa de Igualdad  del Ministerio de la Mujer, María Ramos.

Para determinar la influencia de violencia de género en la erosión del capital social habría que calcular los gastos institucionales en los sistemas de salud y justicia, del Ministerio de la Mujer y las organizaciones de la sociedad civil, además de cuantificar la inversión que se tiene que hacer para mantener las trece unidades de atención y procesar la cantidad de denuncias de maltrato que se reciben cada año.

Sin embargo, además de los costos en salud, justicia y prevención que representa la violencia doméstica, existe un impacto implícito en la productividad de las mujeres abusadas que disminuye a causa de los efectos físicos y psicológicos del maltrato. Esa merma en el nivel de rendimiento y el alto índice de ausentismo laboral están asociados a mayores posibilidades de pérdida de empleo y menores niveles de ingresos en la población de mujeres víctimas de violencia.

Según un estudio realizado en 1995 en Canadá, el 34% de las mujeres maltratadas y el 11% de las víctimas de abuso sexual en ese país indicaron que no podían trabajar el día después de la agresión, lo que generaba pérdidas de alrededor de siete millones de dólares canadienses por año. Asimismo, una investigación realizada por el Banco Mundial reveló que uno de cada cinco días laborables que pierden las mujeres por razones de salud es resultado de problemas relacionados con la violencia doméstica.

Gasto social
En el país no existen registros sobre los costos que genera la violencia de género al sistema de salud y asistencia social y legal, pero el dato de que se registran aproximadamente 64,000 denuncias por ese motivo al año refleja la magnitud de los costos que genera.

Según afirma Sergia Galván, directora de la Colectiva Mujer y Salud, la violencia contra las mujeres causa mayor cantidad de víctimas que cualquier causa de control epidemiológico, salvo la mortalidad infantil.

“Aunque el Ministerio de Salud Pública no ha calificado la violencia de género como una problemática que atañe al sistema, esa es la principal puerta de entrada de los casos de violencia en el país y está asociada a embarazos de alto riesgo, partos prematuros, abortos espontáneos, niños con bajo peso al nacer y mayor posibilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual, además de todo lo que implica en términos de daños físicos y psicológicos a la mujer”, señala Galván.  

Según informó, el 25% de las mujeres en República Dominicana ha sido víctima de violencia y el 6% de las embarazadas ha recibido algún tipo de maltrato físico, psicológico o sexual, lo que implica costos altísimos para el sistema de salud.

Otras de las consecuencias de la violencia son la pérdida parcial o total del patrimonio de la mujer y la movilidad territorial, que implica cambios de domicilio y muchas veces de trabajo y centros educativos para los hijos.  

¿INFLUYE LA EDAD Y EL NIVEL SOCIOECONÓMICO?
Los registros de casos de abuso de género de los últimos cinco años indican que los mayores niveles de violencia se concentran entre mujeres de 15 a 34 años. En datos preliminares de los sondeos realizados por la Colectiva Mujer y Salud, se ha determinado que en los casos de feminicidio hay una diferencia de edad promedio de nueve años entre la víctima y el perpetrador, según informó la directora de la entidad, Sergia Galván.

La directora de Programas de Igualdad del Ministerio de la Mujer, María Ramos, corrobora el dato y agrega que en los casos de violencia más extrema la diferencia de edad entre el agresor y la mujer abusada es de hasta 20 años, lo que aumenta el control y poder del victimario.

La violencia de género se ha asociado a los estratos socieconómicos más bajos y los análisis de diagnósticos demuestran un nivel mucho más alto de demanda de servicio en mujeres de sectores populares.

Sin embargo, Galván asegura que la violencia permea todas las clases sociales y considera que la diferencia se debe a la presión social que recibe la clase más alta para evitar escándalos y a las facilidades para llegar a acuerdos cuando hay intereses económicos de por medio. Además de que las víctimas asisten a los centros de atención física y psicológica privados.

Las víctimas colaterales de la agresión
La violencia doméstica tiene un impacto intergeneracional que influye directamente en el estado socio-económico de los hijos.

Algunos estudios han determinado que los niños que sufren o que son testigos de violencia doméstica tienen más probabilidades de tener bajo rendimiento escolar, y un alto índice de repitencia y deserción, además de menores niveles de ingresos en el futuro.

“Cuando los padres se separan por violencia, el agresor suele abandonar su responsabilidad sobre los hijos y la mujer lleva una mayor carga económica, que se refleja en una menor calidad de vida para ella y sus hijos”, explica la directora de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván.

Uno de los efectos que genera la violencia de género es la pérdida de vidas productivas que conlleva el traspaso de una carga económica a un tercero, generalmente a otra mujer.  

Cuando una madre es asesinada por su pareja y el victimario se suicida o es encarcelado, la familia tiene que asumir la crianza de los hijos y deja de percibir los ingresos que aportaban ambos.

Según afirma Galván, en la mayoría de los casos es la madre o una hermana de la víctima quien asume la responsabilidad de los huérfanos, lo que significa un aumento en los niveles de pobreza de los niños y de la familia que los acoge.

El año pasado, al menos 200 mujeres murieron a manos de sus cónyuges en el país, lo que representa la pérdida de 400 vidas productivas, igual número de familias afectadas y una cantidad mucho mayor de niños en orfandad.

Las barreras del proceso judicial
Una de las pricipales dificultades que enfrentan las mujeres abusadas por sus parejas o exparejas es la dificultad para acceder a los servicios legales y de asistencia psicológica por los altos costos que estos implican y la interferencia en sus actividades laborales.

A pesar de que la Procuraduría Fiscal de la República tiene trece unidades de atención en todo el país, que el Ministerio de la Mujer ofrece servicios de asesoría legal en sus oficinas provinciales y de que las organizaciones de la sociedad civil realizan labores similares, en la mayoría de los casos los gastos corren por cuenta de las víctima y sus familiares, según explica Sergia Galván, representante de la Colectiva Mujer y Salud.

“Son procesos muy largos, que implican desplazamiento, porque no hay un centro donde se concentren todos los servicios que se necesitan y que se pueda resolver en una o dos visitas. La ruta crítica tiene más de 17 pasos para llevar a cabo el proceso de justicia”, afirmó la servidora social.

En el Ministerio de la Mujer la víctima es recibida en cualquiera de las 52 oficinas de la entidad y se acompaña al lugar donde la ruta crítica demande por su condición. “Si viene agredida tiene que acudir a un centro de salud, que ayuda para pedir la condena del agresor; luego una psicóloga la evalúa, se hace una primera intervención y se refiere a otros órganos para que reciba terapia en caso de ser necesario, como el Centro de Atención para la Recuperación de Mujeres Víctimas de Violencia y las unidades de salud mental en los hospitales públicos, donde la asistencia es gratuita”, informó María Ramos.

Sin embargo, la funcionaria señala que cuando las víctimas son de escasos recursos no pueden seguir asistiendo a la Fiscalía porque eso implica ausencia laboral, costos de transporte y otros gastos colaterales. Dice que lo usual es que ponen la denuncia, a veces se logra una medida de coerción, pero no pueden ir a juicio para que haya una condena al agresor. Eso les ha costado la vida a muchas mujeres e impacta la economía de la familia que tiene que asumir la responsabilidad de los hijos.

Ramos asegura que aproximadamente el 90% de las mujeres abusadas realizan la denuncia pero de esa proporción menos del 45% recibe una sentencia satisfactoria porque el proceso se diluye tanto por la dificultad de los mecanismos procesales como por la falta de recursos de las víctimas.

Sergia Galván señala además el impacto económico que tiene la corrupción en el tratamiento de los casos de violencia de género. “Tenemos casos de mujeres que han tenido que contratar dos y tres abogados para concluir un proceso porque estos se han vendido al perpetrador”, concluyó.

Asistencia de salud y justicia
En el país no existen registros sobre los costos que genera la violencia de género al sistema de salud y asistencia social y legal, pero el dato de que se registran aproximadamente 64,000 denuncias por al año refleja la magnitud de su costo social.

Responsabilidad adicional
Cuando los padres se separan por violencia el agresor suele abandonar su responsabilidad sobre los hijos y la mujer lleva una mayor carga económica, que se refleja en una menor calidad de vida para ella y sus hijos.

COSTO DE LA SALUD MENTAL
La mujeres abusadas tienen menores índice de rendimiento académico y laboral, mayores posibilidades de perder sus empleos, de padecer depresión y cometer suicidio que las que nunca han sido maltratadas.