El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, consideró ayer que la Ley de Salarios debe abarcar a todas las instituciones del Estado y que es una responsabilidad del Congreso de la República que la legislación responda a las expectativas de la sociedad y el interés de transparentar y dar una mayor equidad en los sueldos públicos.

Sostuvo que se trata de un plan para reducir inequidades y afirmó, en cuanto a las entidades descentralizadas, como el Banco Central, que como no todo el mundo puede ser gobernador, porque debe ser una persona con competencia técnica y relaciones internacionales y locales, que genere confianza a los sectores económicos y monetarios. “Si no se le da una remuneración que satisfaga sus aspiraciones profesionales eso pudiera dislocar la economía”, con lo cual plantea que no es rígido al respecto, pero en el caso del gobierno central debe ser un salario que no provoque la conciencia ciudadana.

Respecto a las demás entidades dijo que hay gente que opina sin saber y, otros, que defienden intereses personales que no comparte.

Camejo instó a no anteponer los intereses personales a los de la sociedad, al agregar que ha llegado la hora de que se imponga el interés de la sociedad.

Afirmó que se puede tomar referencia de los países de América Latina y del mercado, pero considera que el salario del Presidente debe ser aumentado, “sea a RD$400,000 o lo que fuera porque eso se refleja en los demás estamentos del sector público”. No obstante, recalcó que el Estado ha perdido técnicos muy calificados porque los salarios responden a una jerarquía salarial y por eso es que plantea que hay que considerar que para esos casos no se debe tomar como referente el salario del presidente de la República.

El proyecto de ley se encuentra en el Congreso y para su aprobación se requiere de la convocatoria de una nueva legislatura por el Presidente, que sería la próxima semana.

De acuerdo con informes, obtenidos, la media salarial de un Presidente de América Latina supera los US$10,000.