SANTO DOMINGO.- Los diputados aprobaron anoche enviar a “juicio político” ante el Senado a los nueve miembros de la Cámara de Cuentas, luego de acoger el informe preperado por la comisión de investigación especial, que interrogó a esos funcionarios sobre varios escándalos y enfrentamientos entre ellos. La decisión fue tomada casi seis horas después de haber iniciado la lectura del informe de 49 páginas y contó con el voto favorable de 160 de 161 diputados presentes, más de las dos terceras partes requeridas para formar quórum.
Se quedó sin votar la legisladora perredeísta Digna Reynoso. Luego de más de veinte días de formada la comisión que investigó los escándalos, y que estuvo encabezada por Rafael Molina Lluberes, ayer fueron presentadas las conclusiones, en las que se determinó que hubo mala conducta en el desempeño de las funciones de los miembros de la Cámara, un comportamiento alejado de la ética, evidente lucha de intereses en el manejo de las auditorías, un círculo de nepotismo, distribución alegre de los cargos, por rifa en papelitos, violación a la ley de compras de parte del Estado y a la ley de Administración pública al hacer compras sin las licitaciones adecuadas.
Aunque el presidente de la comisión investigadora,Molina Lluberes intentó entrever que el trabajo que ellos hicieron no perseguía la imputación de delitos, sino la investigación a la luz de denuncias hechas por ellos mismos, el presidente de la Cámara de Diputados le criticó a la comisión el no haber sido más específicos en la determinación individual de responsabilidades. La pieza legislativa será enviada al Senado, que deberá de iniciar el proceso para el juicio político contra los jueces del tribunal de Cuentas.
La Comisión especial designada por el pleno de la Cámara de Diputados recomendó ayer al pleno del organismo legislativo acusar y someter por ante el Senado de la República a los miembros de la Cámara de Cuentas.
El informe
La lectura del informe de la comisión empezó a ser leído a las 3:30 de la tarde y concluyó a las 5:45 de ayer.
Los miembros del estamento acusados de mala conducta y faltas graves en el ejercicio de sus funciones son Andrés Terrero, presidente, Henry Mejía, vicepresidente, José Altagracia Gregorio, secretario, y los miembros José A. Maceo, Julio De Beras, Luís Yépez Surcar, Alcides Benjamín Decena Lugo, Juan Adalberto Lora Ruiz, y Freddy Bolívar Almonte Brito.
De conformidad con las investigaciones realizadas por la comisión se determinó que el grupo habría violentado de manera reiterada las disposiciones de la Constitución de la República, así como las leyes de Cámara de Cuentas 10-04, de Función Pública 41-08, de Compra y Contratación de Bienes y Servicios y Licitaciones 340-06, modificadas por la Ley 449-06, que los hacen pasibles de ser acusados por ante el Senado.
A juicio de la comisión investigadora, del interrogatorio del magistrado Julio de Beras se pudieron colegir faltas graves como incumplimiento al ejercicio de sus funciones, además de admitir que desconoce el Reglamento de la Cámara de Cuentas.
El informe relata que lo grave de la situación es que por las contradicciones y ambiciones evidentemente personales existentes.
HISTÓRICO
Los voceros de los partidos de la Liberación Dominicana, Alejandro Montás, Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao y perredeísta Cristian Paredes, coincidieron en que se trataba de un día histórico, porque los dioutados tenían la oportunidad de resarcir los daños causados a la institucionalidad de la Cámara de Cuentas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, dijo que el grave problema de los miembros de la Cámara de Cuentas fue que dejaron ver las debilidaces del organismo.
Sólo se tiene precedente en el país de la destitución que hiciera el Congreso Nacional, al juzgar al síndico Manolín Jiménez, por sugerencia del Poder Ejecutivo.
Julio César Valentín dijo que “sólo escribir un documento acusatorio-haciendo referencia a la carta de los ocho magistrados en contra de Andrés Terrero- es parte de elementos que demuestran la debilidad de la Cámara.
Valentín estimó que los miembros le mintieron a la comisión, que fue lo que pudo constatar cuando vio durante 18 horas los interrogatorios que se formularon la semana antepasada. Ahora el Senado deberá actuar.