La reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) podría caer en la ilegalidad, de celebrarse hoy como anunciaron sus convocantes, desconociendo un fallo del Tribunal Superior  (TSE) que dispuso la suspensión de manera provisional.  

Los juristas Juan Miguel Castillo Pantaleón y Luis Miguel Perayra plantearon ayer, por separado, que la parte que desacate un fallo judicial se coloca de espaldas a la legalidad y sus actuaciones son nulas.

El grupo del PRD que ratificó la convocatoria del CEN para hoy, que responde a la facción del ex presidente Hipólito Mejía, alegó que el fallo dado el viernes por el TSE de manera cautelar no le resulta “vinculante ni oponible”,  porque las partes no fueron debidamente citadas a la audiencia de una acción de amparo sometida por perredeístas del grupo del presidente, Miguel Vargas.

Pereyra precisó que ese grupo se coloca en la ilegalidad, porque el partido, ni una facción están por encima de la ley.  “Si ellos celebran esa reunión son impugnables, porque están en desacato de una decisión judicial”, analizó.  

Y eso es precisamente lo que a juicio de Castillo Pantaleón no puede hacer una persona, porque cuando las decisiones son adversas se atacan por los recursos judiciales correspondientes. “Si cada parte de un proceso llama a la desobediencia y pretende legitimar su desobediencia significaría socavar todo el sistema jurídico”, advirtió.

Castillo Pantaleón sostuvo que los jueces son una autoridad. Sugirió que las partes deben ir a los tribunales a litigar,  no a pelear con el juez, porque quien pretenda colocarse de espalda al sistema jurídico tiene el pleito perdido de antemanos.

Decisión prudente
Pereyra consideró que el TSE actuó conforme al derecho cuando ordenó la suspensión provisional de las expulsiones y suspensiones en el PRD. Cree que también actuó con prudencia cuando ordenó la suspensión de la convocatoria del CEN, hasta tanto se conozca el fondo del asunto. Señaló que el TSE tiene competencia para hacerlo y actuó con prudencia.

“Esas decisiones no son definitivas, son decisiones provisionales, que ellos pueden cambiarlas cuando examinen el fondo, porque ese tribunal no ha tenido tiempo de estudiar estatutos, actas, argumentos de una de las partes, argumentos de la otra parte”, puntualizó.

Explicó que mientras no se decida quién tiene la razón de los dos grupos, cualquier convocatoria o medida que se tome resultará cuestionable legalmente.  Dijo que las decisiones del TSE fueron ajustadas al derecho, a la prudencia y a la sana administración de justicia, porque no ha decidido nada, sino que ha suspendido hasta que estudie el fondo del tema y esté en condiciones de conocerlo.

Pereyra y Castillo Pantaleón consideraron que el TSE  actuó dentro de su competencia cuando suspendió la convocatoria y la reunión del CEN de oficio,  sin que nadie se lo pidiera.   

Resaltaron que en materia de amparo, el juez puede adoptar las medidas que considere prudente para proteger derechos fundamentales, sin que se lo soliciten.