Expertos de Naciones Unidas en asuntos carcelarios han ponderado el avance sostenido del Nuevo Modelo Penitenciario en República Dominicana, del que afirman ha logrado un impulso y continuidad sin precedentes desde el año 2005 hasta la fecha, en cuyo período han sido establecidos 16 Centros de Corrección y Rehabilitación, se ha dignificado la vida de los internos y reducido a 18 el número de prisiones tradicionales.
En efecto, el organismo internacional de naciones hizo un reconocimiento al país, al definirlo como un modelo de seguimiento en Latinoamérica y el Caribe en materia de reforma penitenciaria, un asunto que motivó al Poder Ejecutivo a emitir un decreto, en 2005, declarando esa aspiración como un máximo interés de la nación.
El éxito lo avala, además, el apoyo que ofrece el país a Panamá, El Salvador y Ecuador para que hagan suya esta experiencia, mientras en otros frentes de colaboración se avanza en asistencia a otras naciones interesadas en impulsar reformas penitenciarias, prefiriendo a República Dominicana como referente. Estos últimos son Chile, Uruguay, Argentina y Puerto Rico.
El experto de alto nivel de Naciones Unidas, Andrew Coyle, ponderó la utilidad de la reforma penitenciaria dominicana como referente regional. El experto internacional presentó las conclusiones del Encuentro de Expertos de alto nivel de la ONU, realizado en agosto del año pasado, y recientemente dadas a conocer por ese organismo.
Desde el inicio de la reforma penitenciaria en el país, la ONU ha realizado cinco visitas de seguimiento e inspección para monitorear este proceso.
Al respecto, la experta en justicia criminal del organismo, Tomris Atabay, valoró la armonía de las prácticas del modelo dominicano con los estándares de la ONU. También la Baronesa Vivien Stern, miembro de la Cámara de los Lores y experta en sistemas correccionales, colocó a la República Dominicana, junto a Noruega, como “escasos ejemplos de cárceles útiles a la sociedad”, según consigna una información publicada por la embajada británica en Argentina.
El coordinador del Modelo Penitenciario, Roberto Santana, dijo que hasta el año 2003, cuando se inició la reforma penitenciaria, el sistema carcelario contaba con una superpoblación de 256%, y el 70% de los internos no había sido condenado. También, la infraestructura era inadecuada para proporcionar programas de rehabilitación y había una ausencia de políticas criminológicas, de vigilancia al respeto de los derechos humanos, de programas de rehabilitación, exclusión de enfoque de género y sin aplicación efectiva de la justicia penal.
Sus objetivos son reducir la criminalidad y la violencia, humanizar las prisiones aplicando un criterio restaurativo, un sistema progresivo de tratamiento a los privados de libertad y brindar atención post-penitenciaria para estimular la adaptación a la sociedad y prevenir la reincidencia en el delito. El nuevo Modelo lo ejecuta la Procuraduría de la República.
“Es una oportunidad para rehabilitar a los que delinquen y una inversión en la seguridad al desactivar la corrupción y multiplicación de delincuentes que son las cárceles tradicionales”, dijo Santana.
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PARLAMENTARIA SOBRE DERECHOS HUMANOS
La Baronesa Vivien Stern (CBE), miembro de la Comisión Parlamentaria sobre Derechos Humanos, quien estuvo recientemente en el país en el marco de un proyecto de la embajada Británica con el Centro Internacional de Estudios Carcelarios en Londres y las ONG argentinas CELS y ADC, que apoyan el desarrollo de un monitoreo independiente de los lugares de detención, dice que “la evidencia sugiere que la mejor manera de producir un delincuente violento adulto, es meterlo preso cuando es chico”.
Y agrega que “el índice de fracaso de las instituciones juveniles es espectacular; es muy improbable que la solución sea la cárcel y dado que las cárceles cuestan dinero, parecería mejor gastar ese dinero en educación y en preparación laboral”.
Dijo que hay un nuevo tratado de la ONU para prevenir la tortura y la manera de prevenirla. “Esto es, que en todos los lugares donde hay personas que están restringidas, detenidas, sean accesibles, abiertos a la inspección independiente”.