En unas 60 escuelas pertenecientes a Sabana Grande de Boyá, San José de Ocoa, Padre Las Casas, Bajos de Haina y San Felipe de Puerto Plata se viene trabajando en la gestión del riesgo, con el diseño de sus planes de gestión, la preparación de brigadas y la realización de ejercicios de simulación, y se realizan estudios técnicos de cómo hacer esas estructuras escolares más resistentes a los sismos.

En esos municipios también se levantan infraestructuras de bajo costo para mejorar la seguridad ciudadana, por ejemplo, el saneamiento y encache de un tramo de 900 metros de la cañada Bella Vista, en Bajos de Haina; la construcción de dos pasos para peatones y motores sobre el arroyo Villa Los Indios, en Padre Las Casas; la adecuación, encachado y limpieza de sedimento en los afluentes del río San Marcos, en Puerto Plata, y el saneamiento y encache de la cañada Las Flores, en Sabana Grande de Boyá.

Esas iniciativas se enmarcan en el Programa de Prevención de Desastres y Gestión de Riesgos que ejecuta la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) con el objetivo de apoyar la reducción del riesgo a través de la integración de la gestión del riesgo en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento territorial con los gobiernos locales.

Para su implementación se escogieron esos cinco municipios pilotos atendiendo a su nivel de pobreza, demografía, vulnerabilidad ambiental y amenazas antrópicas, cuenta Alejandra Lora, quien es consultora en Comunicación del programa, que se ejecuta con la participación de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y de Educación, de los gobiernos locales y de la Comisión Nacional de Emergencia.

Los fondos provienen de un préstamo por un monto de US$5.0 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Lora informa que el proyecto se viene implementando desde hace poco menos de tres años, y que se encuentra en su etapa final. Su culminación está prevista para enero de 2013, fecha en la que se han propuesto tener listo un plan de conformación de instancias institucionales de gestión de riesgos, la incorporación de la gestión de riesgos en el sistema nacional de inversión pública y un manual operativo para la conformación y funcionamiento de los comités regionales, provinciales y municipales de prevención, mitigación y respuesta a desastres.

Ámbito municipal
En el programa se trabaja de forma participativa en la identificación de las amenazas, vulnerabilidades y capacidades en los municipios pilotos y en el diseño de los planes de gestión de riesgos a emergencia y desastres que los orienten en el desarrollo de acciones de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación temprana.

“La comunidad identifica el riesgo, acompañada de consultores especialista. La comunidad es que sabe, por ejemplo, qué zona de inunda.

Ante la identificación de los riesgos mayores, pueden ver sus vulnerabilidades y cómo pueden erradicarlas o mitigarlas, y trabajar junto al ayuntamiento para que se pueda reducir el riesgo identificado”, precisa Lora.

Indica que con esa y otras informaciones diseñaron mapas identificando las zonas de riesgo y los refugios, los cuales entregarán a las alcaldías. También se ha dotado a la Defensa Civil y al Cuerpo de Bomberos de esos municipios de “equipos de primera respuesta de cara a atender de manera rápida y eficaz situaciones de emergencia”.

Además, elaboraron guías de capacitación para la gestión local del riesgo.

“Todos los productos están siendo validados por la Comisión Nacional de Emergencia, las demás instituciones que tienen que ver con la gestión del riesgo y los actores principales”, informa.

A esas iniciativas se suman pequeñas obras de infraestructura para reducir la vulnerabilidad frente a la ocurrencia de fenómenos naturales en cada municipio.

“Las adecuaciones, limpiezas y encaches de cañadas que se realizan garantizan que las inundaciones se reduzcan en las zonas en las cuales tiene incidencia. En adición, se reduce la posibilidad de brotes epidémicos que pueden ocasionar la descomposición de materiales orgánicos e inorgánicos que llegan a las cañadas. En tanto, los pasos peatonales y de motores evitan la pérdida de vida como consecuencia de accidentes”, puntualiza.

En las escuelas
En el ámbito escolar, el programa está apoyando al Ministerio de Educación en la revisión y adecuación de los planos utilizados para la construcción de escuelas, con la finalidad de dotar al ministerio de una guía para el diseño y construcción de escuelas seguras.

Otras acciones son la conformación de comités escolares de prevención, mitigación y respuesta ante emergencias y la puesta en marcha de la guía metodológica para facilitar y orientar la elaboración de planes escolares de gestión de riesgo. El propósito es que la guía se implemente en todas las escuelas del país.

Junto al Ministerio de Educación trabajan, además, en el desarrollo de la estrategia, la metodología y el material de capacitación sobre temas de prevención, mitigación y respuesta a desastres, dirigido al personal docente y a los y las estudiantes de los niveles inicial, básico, media y adultos.

Sostenibilidad del programa
Para garantizar que el programa que actualmente se implementa solo en cinco municipios tenga alcance nacional, en la OGODT se creó la Unidad de Gestión de Riesgo “a fin de promover la inclusión de la gestión de riesgos en los planes de ordenamiento y desarrollo territorial”.

A su vez, en cada municipio deberá crearse la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos a Desastres

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GUÍA GENERAL DEL PROGRAMA
En la guía general del Programa de Prevención de Desastres y Gestión de Riesgo se expone que con la iniciativa se da cumplimiento a las obligaciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para la integración de la gestión del riesgo en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento territorial con los gobiernos locales. Se indica que el programa, fundamentado en la ley 147- 02 sobre Gestión de Riesgos que crea el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, procura alinear sus acciones con las funciones establecidas en el marco de las competencias institucionales de planificación.

“Asimismo, apoya el cumplimiento de la ley 496- 06, que crea el MEPyD, en tanto aporta las pautas metodológicas para la incorporación de la gestión de riesgos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), logrando así enlazar las mismas al eje estratégico cuatro de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en su objetivo específico 4.2.1 que plantea ‘Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos con activa participación de las comunidades y los gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas’”.