Puerto Rico se prepara para realizar hoy un plebiscito constitucional que permitiría a la isla enmendar su carta magna por primera vez en casi medio siglo.

La consulta es doble. La primera propuesta a consideración busca reducir el tamaño del gobierno insular en casi un 30% para ahorrar fondos. De ser aprobado, el cambio entraría en vigencia en 2017. La otra parte daría a la judicatura el derecho a negar la libertad bajo fianza en ciertos casos de homicidio.

Puerto Rico es el único lugar de América donde todos los sospechosos, incluso los acusados de asesinato y violación, tienen derecho a la libertad bajo fianza. Los partidarios de la enmienda sostienen que reduciría la delincuencia y protegería a testigos y familiares de las víctimas. Los oponentes aducen que la medida despojaría a los sospechosos de sus derechos constitucionales.

Puerto Rico reportó un número récord de homicidios el año pasado y lucha por contener una ola de violencia vinculada con las drogas que ha matado a un número creciente de inocentes.

Los puertorriqueños también han manifestado indignación por los gastos legislativos y los escándalos de corrupción política que han forzado la renuncia de varios funcionarios.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, exhortó a los votantes a aprobar ambas propuestas, diciendo que los fondos ahorrados al reducir la legislatura podría utilizarse para combatir la delincuencia y mejorar la educación. El referendo dispone reducir el número de bancas en el Senado de 27 a 17 y en la Cámara de Representantes de 51 a 39.