Puntos de vista 29 Octubre 2008
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Tribunal Superior Administrativo
Milton Ray Guevara

A finales de 1973 me tocó decidir el tema de mi tesis doctoral en Niza. Opté por hacerla en Derecho Administrativo con el tema de la expropiación por causa de la utilidad pública en República Dominicana. La primera asignatura que impartí a la edad de 22 años en el campus de la PUCMM en Santiago, fue Derecho Administrativo. La razón de mi elección residía en el atropello urbanístico y humano que el gobierno del doctor Balaguer cometió en Samaná, a principios de los setenta.

Escogí como asesor a Jean-Paul Gilli, especialista en Derecho Administrativo y, en particular, Derecho de Urbanismo y presidente de la Universidad París-Dauphine. Nuestra primera cita fue un jueves por la tarde.  Después de la explicación correspondiente y su aceptación me preguntó ¿Por qué si en su país hay tanta influencia del derecho francés no existe mayor desarrollo del derecho administrativo, ni tampoco una jurisdicción administrativa?

Mi respuesta fue rápida: “Señor profesor, fundamentalmente por la ausencia de una cultura democrática y por la inexistencia de un Estado de derecho; en mi país hay un Estado legal, una jurisdicción administrativa independiente hubiese significado que la administración pública estaría sometida al principio de legalidad: el ciudadano dominicano vale muy poco frente a la todopoderosa administración.

Cuando se intentó crearla el tirano Trujillo se encargó de sepultarla invocando razones de ‘economía’. Nunca ha salido del sepulcro. No olvidemos que en Francia se crearon los tribunales administrativos porque los revolucionarios franceses consideraban a los jueces del orden judicial cómplices del Ancien Régime”. Añadí: “Si la administración tiene que enfrentarse a una jurisdicción integrada por jueces bien formados, independientes y especializados tendrá que tomar otro rumbo”.

Presenté exitosamente mi tesis ante un exigente jurado; el profesor Gilli expresó: “Le confieso que nunca había visto una tesis jurídica que se inicie con un poema”. Mi amor por Samaná me indujo a utilizar versos del poema “Hay un país en el mundo”, en la introducción, para explicar que la destrucción de la antigua Samaná había sucedido en ese país.

Tiempo después me tocó presentarla a don Pedro Mir, en el Recinto Santo Tomás de Aquino; le enseñé la tesis y su complacencia fue grande, a partir de ahí nos saludábamos con gran cariño. Siendo secretario sin cartera del presidente Guzmán, junto a Federico Henríquez Gratereaux, visité al licenciado Manuel Amiama (Don Cundo); quería conocer al más grande cultivador del derecho constitucional y administrativo dominicano.

Fedé hizo la introducción y luego entramos en materia, le señalé que por mis responsabilidades quería tener comunicación jurídica con él, aceptó gustoso.  Llegué al tema de la jurisdicción administrativa, le expliqué mi teoría, la compartió plenamente, agregando “ese ha sido el desiderátum de los estudiosos del derecho administrativo”.

La gran tragedia ha sido el sacrificio ilegítimo de la jurisdicción administrativa en nombre de la unidad de jurisdicción.

La comisión presidencial de reforma constitucional por consenso crea el Tribunal Superior Administrativo y una jurisdicción administrativa, reivindicando el espíritu de nuestra Constitución desde 1942. Para conocer las raíces del tema dejemos que Don Cundo Amiama hable en su clásica obra “Prontuario de Legislación Administrativa Dominicana”:

“En 1882 se crearon los jurados de aduanas para decidir las contenciones entre los comerciantes y el servicio aduanero. Algo más tarde, éstos jurados tomaron el nombre de Consejos Superiores de Aduanas, que funcionaban uno en la capital, y otro en Puerto Plata, y se estableció además un Consejo Superior de aduanas en la Capital para decidir sin ningún recurso ulterior, ni aun el de casación en casos aduaneros fallados por los Consejos Superiores”.

En 1908 -dice Don Cundo- se produjo una polémica pública entre el licenciado Francisco J. Peynado y el licenciado José Lamarche, abogado al servicio del Estado. La Suprema Corte declaró inadmisible un recurso de casación contra un fallo del Consejo Superior de Aduanas en razón de que la ley de Aduanas y Puertos los declaraba en último recurso. El criterio judicial favorable a Lamarche, la existencia del orden administrativo, adquirió base constitucional con la reforma del 1 de enero de 1942 que atribuyó al Congreso la creación de tribunales administrativos. Nació con legitimidad la dualidad de jurisdicción.

En 1942, la Ley de Cámara de Cuentas le dio competencia para decidir las apelaciones contra los Consejos Superiores de Aduanas. En 1947 se creó la jurisdicción contencioso-administrativa, con un Tribunal Superior Administrativo, mientras se creaba, sus atribuciones serian de la Cámara de Cuentas. El licenciado Damián Báez fue designado presidente, pero nunca se completó el tribunal, Trujillo no quiso por “economía”. Desde 1947 hasta junio de 1954 las sentencias del Tribunal Superior Administrativo no estaban sujetas a casación.

La cuestión es simple, las dictaduras y los regímenes autoritarios no permiten una jurisdicción independiente que proteja al ciudadano: unas veces por razones de economía y otras “porque yo no cedo mis poderes”.

¡Dios nos salve!

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