Desde que a la Dirección Ejecutiva de ProConsumidor llegó Altagracia Paulino, ésta se ha propuesto dos acciones fundamentales, una es demostrar que cumplir la ley es posible, y la otra, dirigir su gestión a cambiar la cultura del engaño que históricamente ha perturbado el mercado dominicano, por una cultura de reclamo, conducta que resulta una afrenta a los sectores que se manejan por la libre, en un país donde de manera olímpica se incumplen las leyes.

La verdad es que en la mayoría de los casos los funcionarios públicos que dirigen las entidades de regulación sectorial terminan capturados por sus regulados y lejos de proteger el interés general, función principal de la administración pública, acaban de rodillas ante sus regulados, en la generalidad de los casos salen de los puestos públicos siendo propietarios de negocios relacionados a la actividad que están supuestos a regular, no es raro que quien regula el expendio del GLP, termine siendo propietario de una o varias plantas de gas, es decir que, o se beneficia haciendo negocios  o se convierte en  empleado del sector al que reguló.

Las acciones de ProConsumidor pueden no ser perfectas, pero sí con total apego a defender y proteger el interés general, y enmarcadas en la competencia que le otorga la ley 358-05 que lo rige.

Los que no tienen la temeridad o la capacidad de cuestionar la integridad moral de quien dirige esa institución, dada su reconocida probidad,  quieren irse por la tangente criticando su forma sincera de actuar ante la opinión pública nacional, como si lo único importante fuera la forma y no el fondo, la realidad es que productores de bienes y servicios y comerciantes que intervienen en el mercado nacional, no terminan de entender que en estos tiempos en que los derechos de los consumidores son derechos fundamentales, que desde hace ya muchos años forman parte de los derechos de tercera generación, que son una realidad en la nueva sociología económica globalizada, pues el consumidor es el ciudadano de este nuevo mundo económico, actor principal del mercado, con  derecho a reclamar.

Me permito recordar, a propósito de la publicación firmada por el señor Julio Santana, en el prestigioso periódico Listín Diario  de fecha 31 de julio del 2012, que dice “ante una obstinación sin fundamentos de la directora de ProConsumidor, de poco sirvieron sus acreditados conocimientos”. Sin embargo, la supuesta obstinación a la que él se refiere, es una obstinación muy bien fundamentada  en el hecho de haber encontrado alteradas y haber  tenido que cerrar totalmente unas 16 plantas de GLP y  de manera parcial 335 dispensadores en otras plantas de expendios, según ha comprobado ProConsumidor acompañado de técnicos de la Digenor.

Durante la gestión de la señora Paulino se ha estado defendiendo derechos y por eso ha chocado con intereses, accionar que ella ha asumido como un sacerdocio a favor de las mayorías, como su aporte a la construcción del Estado Social y Democrático de derechos que pretende la nueva  Constitución Dominicana.   

El hecho de que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en cinco ocasiones ha visto que las sanciones y multas resolutadas por ProConsumidor han sido amparadas en la legislación vigente y con apego al debido proceso de ley, queda más que fundamentada la supuesta  obstinación de la señora Paulino, funcionaria que ha sacado la cara en favor de la población y del gobierno, ejerciendo a favor “de los que no tiene voz” como dijera el presidente Leonel Fernández, ejerciendo, la necesaria Responsabilidad Social Gubernamental en beneficio de las mayorías.

El autor es abogado.