Puntos de vista 3 Marzo 2013
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La astreinte en la Jurisprudencia

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Rafael Luciano Pichardo

La expresión “astreinte” no es de uso familiar. Pertenece al lenguaje técnico del abogado en ejercicio que con frecuencia la utiliza, al igual que el juez, que es realmente a quien corresponde aplicar. Por eso importa apuntar, a fin de ubicarla en su justo contexto jurídico, que es ella una creación pretoriana de la práctica y la jurisprudencia francesa de principios del Siglo XIX y que consagró la ley ya entrado el pasado siglo.

En síntesis, los autores de donde ella procede han venido definiéndola, desde el punto de vista de su funcionamiento como “Una amenaza de condenación pecuniaria que se concretiza en caso de inejecución o de ejecución tardía de una decisión de justicia y que se agrega a la condenación principal”.

Esa institución de factura genuinamente francesa fue asimilada originalmente por nuestros tribunales civiles cuando todavía en su país de origen no había recibido sanción legislativa, y mucho menos en el nuestro. Dando por un hecho su existencia, la ley francesa se refirió a ella por primera vez en 1949, pero solo para prohibir la astreinte en materia de desalojo de locales por encima del perjuicio causado. Más tarde la reglamentó en las leyes a que hacemos referencia más adelante.

Ya adoptada por nuestro ordenamiento y establecida por la Ley No. 834 de 1978, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, por su sentencia de Cámaras Reunidas del 10 de enero del 2001, fijó su criterio e interpretando los artículos 53 y 54 de la indicada ley, dijo lo siguiente: “Conforme a su nueva concepción la astreinte es una medida de carácter puramente conminatorio que ordenan los jueces para asegurar la ejecución de sus decisiones, desligada de los daños y perjuicios. Puede ser provisional o definitiva, presumiéndose que es lo primero cuando no se precisa en la sentencia su carácter definitivo. Cuando es provisional su monto, al momento de ser liquidado, puede ser mantenido, aumentado o reducido en su cuantía, y aún eliminado totalmente por el juez”.

Recientemente nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo la orientación tradicional que han venido confirmando la Corte de Casación francesa y la nuestra, en lo que concierne al beneficiario económico de este instituto, ha dictado dos decisiones que reflejan su adhesión a la práctica hasta ese momento invariable, de adjudicar el producto de la astreinte al demandante y acreedor de la misma. En efecto, en fechas 9 de mayo y 21 de junio del 2012, mediante sus sentencias 0012/2012 y 0021/2012 el TC acogió los recursos de revisión contra dos sentencias de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo de fechas 12 de diciembre y 27 de diciembre del 2011, respectivamente, y fijó en el dispositivo de esas decisiones las astreintes siguientes: “Cinco mil pesos (RD$5,000.00) a favor de los recurrentes por cada día de retardo en la ejecución de la sentencia, la primera; y Diez mil pesos (RD$10,000.00) a favor de L.V., por cada día de retardo en la ejecución de la presente sentencia de parte de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y su representante legal”, la segunda. Como se aprecia, en estos dos fallos se sigue, como ya se ha dicho, el modelo tradicional que atribuye el beneficio de la astreinte al acreedor.

Pero, y aquí aparece la evolución que justifica el título de este artículo. Por sus sentencias 0048/12 y 0096/12 de fechas 8 de octubre y 21 de diciembre del 2012, el TC, en torno al tema de la astreinte y el beneficiario económico de ésta produjo un giro de 100 grados al disponer la primera: “Séptimo: Imponer un astreinte de Diez mil pesos (RD$10,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en contra de la Policía Nacional y de su Jefatura y a favor de la institución Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI)”; y la segunda: “Quinto: Fijar un astreinte por el monto de Cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00) por cada día de retardo en que incurra el Síndico Municipal de Nagua, A.L. en la ejecución de la presente sentencia y liquidarlo a favor del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI)”.

Como se observa, en las dos primeras decisiones citadas a título de ejemplo, el producto de la astreinte se deja en provecho de la parte recurrente gananciosa que se une a la condenación principal, no en calidad de daños y perjuicios, sino como sanción accesoria que entra en escena en caso de incumplimiento del deudor en la ejecución de la sentencia. Mientras que en las dos últimas sentencias que nos sirven de paradigma, los valores que genere la liquidación de las astreintes son puestos a favor de un tercero: El Consejo Nacional para la niñez (CONANI), una institución del Estado.

En el caso de estas dos últimas sentencias del Tribunal Constitucional, la del 8 de octubre de 2012, que revocó la sentencia impugnada No. 158-2011, dictada por la Primear Sala del Tribunal Superior Administrativo del 27 de diciembre del 2011, consigna el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano y el voto disidente de las magistradas Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez, juezas del tribunal. Estas, en resumen, objetan el ordinal séptimo, copiado más arriba, de dicha sentencia del TC, al entender que el argumento que invoca el consenso para no atribuir la astreinte en beneficio del accionante sustentado en que devendría en una indemnización en daños y perjuicios a favor del agraviado es incorrecto”. Y porque, “además, si el consenso niega el carácter indemnizatorio de la astreinte como argumento para no atribuirla al accionante, resulta un tanto contradictorio admitirle tal carácter para beneficiar al Estado o al Fisco”.

En igual sentido, pero con otros argumentos de indiscutible valor jurídico, se manifiesta la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, en contra del ordinal séptimo de la sentencia comentada al discrepar de ésta en lo que respecta a la determinación del beneficiario del monto del astreinte adoptado por la decisión. En su voto salvado sustenta el criterio de que el monto liquidable del astreinte imponible en materia de amparo sea distraído en beneficio del Poder Judicial y no del accionante, aunque modera su posición al precisar que: “Si bien constituye una tradición jurisprudencial conferir las sumas deducibles del astreinte al acreedor de la obligación, no existe sin embargo una disposición legal que prohíba que, mediante la aplicación de criterios razonables y delimitados, ese monto pueda orientarse en beneficio de otras instituciones. Criterio que, más que contradecir la posición del consenso del TC, lo favorece.

Por su parte, en el desarrollo de su doctrina, el TC empieza expresando que “la naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado”, concepto que sirvió de soporte general para transferir a una entidad del Estado y no al accionante el beneficio de la astreinte, a pesar de los criterios que siempre se han hecho prevalecer en el sentido de que ésta no tiene carácter indemnizatorio y que por tanto su destino debe ser el agraviado.

Se arguye, además, que está fuera de toda duda que por el carácter conminatorio y no resarcitorio del astreinte, como se resalta en el voto disidente ya citado, “es preferible seguir en esta materia la práctica dominicana, que se origina en la tendencia del derecho francés y que confiere la calidad de beneficiario de la astreinte a la contraparte del conminado (accionante), en otras palabras, al titular del derecho que con la sentencia se ampara”. Hacer lo contrario equivaldría, se aduce, entre otras razones, “a dar participación a un tercero (la sociedad, el Estado, o sus instituciones) que no ha sido parte en la litis, además de que expondría la medida a una disminución de su eficacia por falta de interés del demandante”.

Sin embargo, es oportuno revelar que aunque la tendencia del derecho y la jurisprudencia francesa a inclinarse a favor de la parte gananciosa en lo principal y en lo accesorio, como es la astreinte, se ha mantenido hasta nuestros días, no han faltado corrientes de opinión que en Francia propugnan poro una reorientación del destino que debe darse al producto de la astreinte liquidada. Se sostiene al respecto que “sería preferible atribuir ese beneficio a favor de un Fondo de garantía por crear, al tratarse de una suma exagerada y arbitraria destinada a hacer presión sobre el deudor, y ser ella una suerte de pena privada que se acumula, sin asimilarse a los daños y perjuicios, lo que conduce a un enriquecimiento contestable del acreedor”. En Francia existen estos fondos de garantía que son organismos instituidos con mira de proteger, por ejemplo, a las víctimas de accidentes de automóvil las indemnizaciones que le son debidas, cuando el autor del accidente no está asegurado y es insolvente o es desconocido. También los hay para garantizar las víctimas de actos terroristas, pensiones alimentarias y de otras infracciones. Entre los recursos que alimentan esos fondos se encuentran los generados por las condenaciones a astreinte ya liquidadas. Y como estas organizaciones pagan a las víctimas se convierten, en virtud de la ley, en terceros subrogados en los derechos de aquellas.

Sobre legitimidad de las decisiones tomadas por el TC en lo que respecta al destino que se ha dado al monto de la astreinte, no debe olvidarse que esa institución decimonónica se mantuvo allí donde fue creada, con excelentes resultados, durante más de un siglo, bajo el palio único de la jurisprudencia, sin que fuera expulsada por la práctica que la impuso, y que no es sino hasta el 5 de julio de 1972, cuando es consagrada definitivamente por la Ley No. 72-626, con los perfiles con que hoy se le conoce. Fue adoptada, pero sin definirla, por el legislador dominicano en la Ley No. 834 de 1978. Desde su creación fue asimilada a la multa, aunque distinta a aquella en sus fines y naturaleza y, de manera señalada, en que el monto pecuniario que esta genera debe pagarse al Fisco, no a la víctima de la infracción, lo que acontece con la astreinte y que, como puede ser acumulada con los daños y perjuicios, es asimilada por un amplio sector de la doctrina francesa a un enriquecimiento excesivo, arbitrario y contestable del acreedor que ha sido resarcido.

No debe pasarse por alto, tampoco, para estimar los poderes del juez que hace uso de este medio de presión, como lo reconoce la vigente Ley No. 91-650 del 9 de julio 1991, que sustituyó la de 1972, y que en Francia compila la vasta jurisprudencia sobre el tema, que “el astreinte es un instrumento ofrecido más al juez para la defensa de su decisión que al litigante para la protección de su derecho”, dejando plasmado legislativamente que su misión es constreñir, no reparar, ya que es solo una medida de coacción indirecta para llegar a la ejecución que puede, incluso, adoptar de oficio el magistrado.

Esa corriente doctrinal en Francia ha llegado a proponer, aunque sin éxito, con el fin de evitar los abusos en la aplicación de una pena con respecto de la cual el juez goza de un poder ampliamente discrecional, que sería normal, frente a esa liberalidad, que sea el Estado el que perciba el beneficio de la astreinte porque ésta tiende más a asegurar la ejecución de las decisiones de justicia que las obligaciones civiles, y hasta se ha llegado a proponer un texto, que hasta hoy no ha tenido acogida, del tenor siguiente: “El monto de la astreinte liquidada será distribuido: una mitad para el Tesoro Público y la otra mitad para el litigante que ha obtenido la condenación inejecutada”. El Senado francés es opuesto a esta solución, fundándose en el hecho de que el desarrollo de las astreintes era debido precisamente a la carencia del Estado a autorizar la ejecución manu militari de la sentencia, y que sería paradójico beneficiar a éste (el Estado) por su propia carencia (V. Rep. Droit Civil. Enciclopédie Juridique, Dalloz, Astreinte 81, 82, 83, 94, 1970-1998). Pero los autores siguen sustentando el criterio de que el primer beneficiario del astreinte debería ser el Estado, quien tiene un interés mayor en la ejecución de las decisiones de justicia y que a semejanza de las multas civiles o de las astreintes del derecho público, el producto de la astreinte no constituye un enriquecimiento sin causa, puesto que el acreedor ha ya obtenido satisfacción viendo su perjuicio reparado. (Serge Guinchard et Tony Moussa, Droit et Practique des Voies D’Execution, Astreinte, Nos. 3121, 3222 y 3233 Dalloz Actión 1999).

La nueva doctrina constitucional inaugurada con las dos decisiones comentadas en torno al destino que ha de darse al monto de las astreintes, una vez liquidadas, si bien ello no corresponde a la función, en sentido estricto del TC, por aquello de que éste no debe sustituir al órgano legislativo, no menos es verdad que su poder creador se manifiesta cuando por vía de su jurisprudencia llena el vacío o laguna de un precepto por alguno de los métodos, más de integración que de interpretación, dejado por una imprevisión voluntaria o involuntaria del legislador, añadiendo una norma que no existía por vía de una de las llamadas sentencias aditivas, que es el caso del artículo 93 de la Ley Orgánica del TC No. 137-11, que luego de autorizar al juez de manera expresa, a pronunciar astreinte en materia de amparo, guarda silencio en cuanto a no precisar el beneficiario del producto económico que ésta genera, el que no tiene que ser necesariamente, a menos que la ley no lo diga, el acreedor, como hemos visto. Es bueno tener presente que “la legitimidad última del juez constitucional descansa en que lo que hace en perjuicio de su jurisdicción es defender la voluntad del pueblo soberano de la de sus representantes”, como afirma Acosta Sánchez en su obra Formación de la Constitución y Jurisdicción Constitucional.

La ley que otorgó carta de ciudadanía a la astreinte como medio de ejecución de las decisiones de justicia, no medida de ejecución forzada, en nuestro ordenamiento jurídico, no reglamentó en absoluto su uso y aplicación, y mucho menos precisó el régimen jurídico aplicable en materia de amparo, que es al que se refiere el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, dejando libre al TC para cumplir esa esencial e indeclinable tarea. Las dos últimas decisiones comentadas del Tribunal Constitucional son un buen inicio.

Debe recordarse que por una decisión de la Suprema Corte de Justicia cuando tenía la función de Tribunal Constitucional, por su sentencia del 24 de febrero de 1999, trazó el procedimiento a seguir en materia de amparo, el cual no había sido instituido por la ley, lo que llevó a decir al laureado constitucionalista Allan Brewer Carias, lo siguiente: “La decisión antes comentada de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana, sin duda, debe celebrarse, pues no solo pone en evidencia el valor del principio de la progresividad en la protección de los derechos humanos, sino al poder creativo de los máximos órganos judiciales, particularmente cuando se trata de proteger los derechos y garantías constitucionales”. (ludicium et Vita, Diciembre 2000. No. 7) Enhorabuena. 

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