En este momento, que estamos como país siendo acusados de violar un tratado con países centroamericanos, es conveniente examinar algunas premisas que deben acompañar la negociación de estos acuerdos:

Los países contratantes deben resultar con “beneficios” producto de lo “convenido”. Si algún país resulta perjudicado, entonces lo lógico es que a ese país no le convenga hacer ningún acuerdo.

En segundo lugar, efectuar los acuerdos con países de economías “enormes” o “países desarrollados”, podría justificarse siempre y cuando no se perjudique a los de economías pequeñas o subdesarrolladas.

Estas dos simples premisas, deben constituir el horizonte en la concertación de tales acuerdos entre Estados soberanos, esto así, pues los países de economías desarrolladas tienen tecnologías de puntas para lograr productos de cualquier categoría de una mejor calidad y (por el uso de zonas francas) de menor o similar costo.

En cuanto a las materias primas que producen en general los países subdesarrollados, estos deben lograr en los acuerdos volúmenes y exenciones arancelarias y fiscales en los compradores que compensen o superen las pérdidas que probablemente experimentarán los sectores productivos de los países de economías pequeñas contratantes, ocasionadas al enfrentar una competencia de mejor calidad y precios iguales o menores a los locales.

Hay cosas tan sencillas que uno no se explica cómo es que no se tienen en cuenta en las negociaciones y somos siempre los Estados más pobres los que resultamos perjudicados en este tipo de negociaciones.

Tanto es así, que es de suponer la presencia del oro corruptor o el poder de Goliat (donde el pobre David no resulta ganancioso) durante las discusiones y el desarrollo de las cláusulas y/o obligaciones, derechos y deberes que debieron ser negociadas de común acuerdo y de libre aceptación por ambas partes.

Seamos un poco más serios y no querer justificar los males presentes, olvidando que fuimos los hacedores en el pasado de las causa que hoy surgen para perjudicarnos.