La propuesta del director de migración dominicana José Ricardo Tavera de retirarnos del tratado que la República  Dominicana firmó con los estados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) fue un acto precipitado y emotivo.

Cuando nuestro país se acogió a ese tratado tenía el derecho a no reconocer la función contenciosa de dicha corte, tal y como lo hizo Estados Unidos, pero no fue así y se adhirió al acuerdo iniciado formalmente en 1979.

República Dominicana fue sometida ante la Comisión Interamericana por la muerte de seis haitianos y un dominicano en el año 2000 en la frontera domínico-haitiana.

Lo primero que hace la comisión IDH luego de recibir la denuncia individual o de alguna ONG  es verificar las formalidades de la denuncia, determinar si los hechos denunciados son ciertos, si viola uno o más derechos humanos y sobretodo si se agotaron todos los recursos legales internos disponibles.

No se explica el retiro abrupto de Ricardo Tavera porque aún después de abrirse un proceso en la CIDH, esta se puede desestimar o ser acogido.

No estoy de acuerdo con muchas de las decisiones de la CIDH porque ha sido un instrumento hecho a la medida de los intereses de Estados Unidos a raíz del triunfo de la revolución cubana y los supuestos maltratos contra los opositores.

Creo que hay que redefinir el papel de esta comisión y producir cambios que nos permitan reformar sus estatutos y algunos procedimientos.

Todo parece indicar que por las deliberaciones y a pesar del incidente dominicano, la CIDH nos condenará  por denegación de justicia.

Esta corte responsabilizó al estado por la desaparición forzosa de Narciso González el 26 de mayo de 1996 y al pago de una indemnización a la esposa.

Cuidemos que la CIDH no nos sancione por la falta de justicia en las muertes ocurridas recientemente en Salcedo porque eso indicaría que hay que revisar la democracia en el país.