El golpe de Estado parlamentario, bajo el nuevo formato de juicio político, contra el presidente Fernando Lugo de Paraguay es un libreto que está preparado por las grandes potencias para resistir la presión social e internacional con el objetivo de ganar tiempo para legalizarlo en las elecciones del año 2013, tal como hicieron anteriormente en Honduras.

Mientras más de 30 ciudades están protestando con corte de rutas de los campesinos; el presidente Franco dice que Paraguay está en calma.

Los congresistas no permitieron el debido proceso a la defensa sin embargo están pidiendo a la comunidad internacional que les permitan defenderse.

Muy benévola ha sido la Organización de Estados Americanos (OEA) porque en una reunión que duró más de cuatro horas decidió enviar una comisión que estudiara la situación de Paraguay.

Es insólito que en menos de 24 horas, por supuesto mal desempeño, donde se violó el derecho a la defensa, un presidente sea destituido de su cargo.

Está claro que el congreso violó la constitución en su artículo 17 acápite 7 al no garantizar los plazos indispensables para la preparación de su defensa.

Si las acusaciones que le hicieron al presidente Lugo de mal desempeño se aceptan, ningún presidente estará exento de un juicio político del congreso.

No es un delito que las Fuerzas Armadas se acerquen a su pueblo y se abracen a los seres humanos sin importa su religión ni afinidad politica.

No hay ninguna prueba de que el presidente Lugo sea un inepto o incapaz para gobernar cuando Paraguay tiene un crecimiento económico sostenido.

Si el presidente Lugo ha violado varias veces la constitución, y existen los mecanismos de sometimiento, por qué no tiene un juicio en su contra.

No es cierto que el presidente Lugo acepto la destitución. Fue claro su rechazo, cuando dijo que el golpe no fue contra él, sino contra la democracia.

Estoy de acuerdo con el juicio político, porque es una figura constitucional que contribuye al balance entre los poderes del Estado.

Pero creo que en Paraguay no hubo un juicio político sino un golpe de estado parlamentario donde se violentó el debido proceso.