El proyecto de ley para el control de salarios en el sector público, ha dado mucho que hablar. Han surgido patriotas favorecedores de la igualdad salarial en las posiciones de jerarquía orgánica similar en los diferentes sectores que componen el sector público.

En su patriotismo igualitario, han dejado de lado las normas contenidas en nuestra Constitución que regulan de alguna forma a instituciones públicas.

Sin embargo, han dejado de lado la regulación salarial dentro del poder legislativo, ¿Es justo el salario y demás prebendas recibidas por nuestros legisladores? ¿Es justo el famoso barrilito? ¿Quién controla que la labor legislativa sea congruente con los niveles salariales recibidos? Estas preguntas deben ser abordadas y contestadas por los mismos hacedores de leyes, ellos de manera justa e imparcial deben establecer normas al respecto.

Es por tanto sorprendente que se promuevan en el Congreso gestiones que culminarían en un proyecto de antemano conocido como contentivo de graves fallas constitucionales. ¿De qué sirve apurar el conocimiento de algo que se sabe tiene graves violaciones constitucionales? Se procura demostrar una simple rapidez en el conocimiento de proyectos de leyes, que más adelante ocasionaría un extraordinario retraso debido a las correcciones que otros tendrían que hacer.

Eso no es eficiencia, eso no es para lo que se eligieron nuestros congresistas, se eligieron para que produzcan proyectos “viables” , es decir, que contribuyan a un trato justo de todos los sectores tanto del sector público como del privado, no que se constituyan en muñecos de interminables discusiones sobre su inconstitucionalidad o no.